La regla de la ignorancia

Mi alegato de la entrada anterior en pro de hacerle sitio a la epistemología en la democracia me ha llevado a algún intercambio de opiniones con mis compañeros Andrea Greppi y Carlos Thiebaut, mucho más expertos que yo en filosofía política y en teoría de la democracia.  Mi posición está muy influida por  el pragmatista John Dewey, quien consideraba que la democracia debería entenderse como un experimento continuo del que todos extraemos experiencia. Esta concepción no significa aplicar el método científico a la democracia, sino considerar que las virtudes epistémicas sociales (la colaboración colectiva, la capacidad de trascender la posición propia y los intereses inmediatos, el escepticismo organizado) pueden darse en muchos ámbitos, uno de ellos la ciencia, pero también la organización de la vida pública. Muchos (entre ellos mis dos contertulios) desconfían profundamente de esta concepción y sostienen que hay que preservar a la discusión democrática de la amenaza autoritaria que a veces va asociada a los usos del término 'verdad'. El argumento es que el peso de las razones debe subordinarse al peso de la opinión (se supone que expresada en votos). De otra forma estaríamos en peligro de ser colonizados por los sabios.

No voy a discutir aquí con el cuidado necesario este argumento. Es complejo y cuando me he ocupado de esta cuestión con más parsimonia de la que permite un blog he avanzado una posición deweyana radical que se resume en el eslogan de que "en la democracia todos somos expertos", y que lo que tenemos que organizar es la distribución de las voces y la capacidad de expresar el propio conocimiento (no sólo la opinión). Esta posición supone un compromiso abierto con una concepción deliberativa de la democracia que, por otra parte, comparte mucha otra otra gente y algunos teóricos influidos de alguna forma por Habermas.

En lo que me parece que  no han reparado quienes emplean el argumento de la defensa de la opinión contra el conocimiento es que tal argumento se aplica igualmente a toda concepción deliberativa de la democracia, sobre todo contra todas aquellas concepciones que creen que la vida democrática debe implicar el desarrollo de la esfera pública, de la participación activa  de los ciudadanos, que las decisiones gubernamentales no solo deben ser legítimas legalmente sino que deben intentar dar razones y convencer, y, que, en general, queremos democracia porque una vida democrática nos hace mejores, como ya expresaron los teóricos griegos.

Frente a esta concepción está la concepción de que la democracia es básicamente un conjunto de leyes y de instituciones que sólo tienen como función organizar la competencia de intereses. Esta derivación la presenta con mucha claridad el conocido jurista americano Richard Posner, un moderado conservador que mezcla una orientación pragmatista y relativista con una profunda desconfianza de toda concepción epistémica de la democracia. El argumento de Posner es que  la complejidad del gobierno de un estado y de las cuestiones globales del tiempo actual no pueden ser comprendidas por la gente no experta en lo intrincado de la política y que toda intención de discusión pública como eje de la democracia está condenado al fracaso.

Que el pueblo es ignorante y que necesita representantes que sean expertos en política es una opción muy ligada al nacimiento de las democracias contemporáneas, muy teorizada por los filósofos clásicos de la política, pero sobre todo muy puesta en práctica por las formas políticas contemporáneas. Me he quejado múltiples veces de cómo la Transición española fue sobre todo un pacto de club para desarmar toda deriva deliberativa de la democracia (siempre se dice "evitar el populismo") que impuso de todas las formas posibles, desde por el uso de los monopolios informativos (la televisión, las enormes empresas mediáticas, sobre todo las que tenían una mayor audiencia entre la gente más sensible políticamente), pasando por medidas sistemáticas de vaciar todas las instituciones de posibilidades deliberativas,  un institucionalismo en el que finalmente casi todos se sintieron cómodos, pese a su trasfondo autoritario. Incluso algunas aparentemente bienintencionadas iniciativas como la famosa asignatura de Educación para la ciudadanía no podía esconder esta voluntad de educación de la ciudadanía para desarmar su capacidad participativa (que la derecha española, siempre tan fina en sus apreciaciones, la haya eliminado solo demuestra otra vez la miseria intelectual de los conservadores españoles, que ni siquiera son capaces de entender qué iniciativas favorecen a sus intereses).

Se ha ido extendiendo tanto una reiterada secuencia de estereotipos para estigmatizar las iniciativas participativas y las concepciones deliberativas que se hace cada vez más difícil el trabajo argumental contra esta falacia del "hombre de paja": 'asamblearismo', 'populismo', etc. son acusaciones sistemáticas a todo intento de configurar una espera pública real.  Aparentemente es mucho más seria la posición de defensa de las instituciones y la ley (cierto, se  concede y permite alguna crítica a los representantes elegidos de los partidos: se insinúa que los defectos de la democracia son sólo de la 'poca preparación' de los políticos, frente a la experiencia de los juristas, economistas y científicos sociales). Pero no es cierto. Se ha formado ya una trama sin costuras en la que los intereses de los partidos, las alineaciones, muchas veces rastreras, de juristas, intelectuales, periodistas, sociólogos y economistas han creado una costra muy real que tiende a confundirse con la democracia. Solamente porque ocupan las instituciones.

No seré yo quien oponga instituciones a deliberación pública. Al contrario. No creo que haya democracia sin instituciones. Lo que hay que hacer es ocuparlas para abrir el debate, para que se conviertan en sistemas de aprendizaje y experiencia colectiva en la gestión diaria pero sobre todo en la transformación histórica. Que sea noticia alguna intervención desafortunada por lo simbólico (una zapatilla en un debate parlamentario) para ejemplificar así el peligro del radicalismo y "educar" las formas democráticas, pero que no lo sea la trama de puestos en empresas, de débitos financieros de los medios de comunicación, de lealtades pagadas en puestos a expertos legales; que no sea posible una topografía de las relaciones reales de poder que configuran los marcos institucionales, es lo que hace que se arrincone el debate a un intercambio de "opiniones" configuradas mediáticamente a ejemplo de los reality-show. Y nos muestra bien claramente a qué se ha reducido la esfera pública. Por eso resulta tan sencillo  después estigmatizar la democracia deliberativa que exige conocimiento, participación, conflicto. Quizá el honorable Posner tenga razón.